"Las enfermedades epidémicas no son eventos aleatorios que afligen a las sociedades caprichosamente y sin previo aviso. Por el contrario, cada sociedad produce sus propias vulnerabilidades específicas. Estudiarlas es una forma de entender la estructura de la sociedad, su nivel de vida y sus prioridades políticas."
Frank Snowden, 2019.[i]La Organización Mundial de la Salud ha reiterado que las condiciones en las que las personas nacen, crecen, viven, trabajan y envejecen –no sólo un adecuado sistema de salud pública– determinan el nivel de salud de una sociedad. En Ecuador, la propagación de la pandemia de Covid-19 ha ratificado esta concepción al develar cómo las desigualdades sociales y económicas también implican que determinados grupos de la población estén más expuestos al virus y/o que sean más vulnerables a sus efectos.[ii]
Así, varias situaciones socio-económicas generales –incluidas las de salud– deben tenerse en cuenta en el contexto de una epidemia o pandemia: grupos poblacionales que no disponen de redes y sistemas de protección, familias que viven en barrios empobrecidos con alta densidad poblacional, hacinamiento y ausencia de servicios básicos convierten a ciertos lugares en potenciales focos del brote de un virus.[iii] A esto se suma que un sector de la población ecuatoriana son trabajadores que no cuentan con empleo adecuado y estable, muchos de ellos involucrados en la economía informal y que, adicionalmente, varios enfrentan condiciones de salud específicas previas. Esto provoca que, frente a las medidas que se han adoptado durante la pandemia, enfrenten dificultades para mantener los ingresos de los que depende su subsistencia.
De acuerdo con el monitoreo que realizamos, hasta el 31 de mayo de 2020 nueve provincias del Ecuador se destacaron como las de mayor prevalencia del virus, al acumular el 87.5% de los casos confirmados de Covid-19 por pruebas PCR (26,374): en primer lugar Guayas con el 46.6%; le siguen Pichincha (13.1%), Manabí (7.4%), Los Ríos (5%), El Oro (3.6%) Santo Domingo de los Tsáchilas (3.5%) Azuay (2.9%), Esmeraldas (2.8%) y Santa Elena (2.6%).[iv]
En este artículo se presenta datos sobre algunas de las desigualdades –incluida la pobreza– de estas nueve provincias junto con otras vulnerabilidades sociales y de salud que se relacionan con el brote de la pandemia y sus características más difundidas hasta el momento. Este breve perfil económico y social alerta desde ya sobre el futuro del país, tanto inmediato como mediato, puesto que la emergencia sanitaria decretada por el virus junto con las medidas que se han adoptado están afectando de manera directa a la inversión social del Estado, al empleo y a las condiciones de vida de las y los habitantes del Ecuador.
Las desigualdades económicas por donde recorre el Covid-19
El determinante económico de fondo en el proceso salud-enfermedad es la pobreza de la población, la cual está vinculada a su vez con sus niveles educativos que influyen, entre otros factores, en el acceso a trabajos adecuados y estables –incluido el acceso a la seguridad social–. Según los Objetivos de Desarrollo Sostenible, cuatro de las 17 metas (meta 1, 3, 6 y 8) a las que Ecuador se ha comprometido lograr hasta el 2030, se refieren a la eliminación de la pobreza, al logro de la salud y al bienestar, al acceso universal al agua potable y al trabajo decente. Sin embargo, la pobreza en Ecuador ha incrementado a partir de la crisis económica global de los últimos años, especialmente con la implementación del ajuste estructural neoliberal del gobierno actual.
Para poder determinar los niveles de pobreza de estas 9 provincias, se utilizan los datos de la Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo (ENEMDU) acumulada a 2018, datos más recientes que permite desagregar varios indicadores a nivel provincial.[v] De acuerdo con ésta, la pobreza por ingresos afectaba al 18% de la población adulta de 18 a 64 años en Ecuador –es decir, percibían un ingreso familiar per cápita de USD 84.79 mensuales o menos–,[vi] mientras que la extrema pobreza por ingresos –quienes perciben un ingreso familiar per cápita menor a USD 47.78 mensuales– llegaba al 6% de la población.[vii]
Tabla 1. Pobreza en las nueve provincias con la mayor prevalencia de Covid-19 antes de la pandemia (Población de 18 a 64 años)
Fuente: ENEMDU 2018 acumulada (INEC). Elaboración: OSE, 2020.
En ese contexto, el 29 de febrero de 2020 Ecuador confirmó el primer caso de Covid-19. Desde entonces, los casos crecieron a 2,302 el 31 de marzo; a 24,934 al 30 de abril y a 39,098 el 31 de mayo.[viii] Cuatro de las nueve provincias con mayor prevalencia del virus rebasan el promedio nacional de pobreza (18%): Esmeraldas registra la situación más grave, el 35% de su población –casi el doble del promedio nacional– es pobre de acuerdo con los ingresos que percibe. Por su parte, entre el 21% y el 23% de la población de Santa Elena, Manabí, y Los Ríos es pobre. Mientras que en las otras cinco provincias se registran porcentajes de pobreza por ingresos menores al promedio nacional: Santo Domingo de los Tsáchilas (15%), Guayas (13%), El Oro (13%) Azuay (12%), y Pichincha (10%).
Sobre la situación de extrema pobreza, Esmeraldas llama la atención nuevamente, ésta afecta al 11% de su población de 18 a 64 años. En Manabí y Los Ríos al 6% de la población –porcentaje igual al promedio del país–; Santa Elena refiere un 5%; mientras que en El Oro, Santo Domingo de los Tsáchilas, Guayas, Azuay y Pichincha desciende a la mitad del promedio nacional, es decir un 3% de población está en pobreza extrema en cada una de ellas. Sin embargo, se debe recordar que estos porcentajes son relativos dado que la mayor concentración de la población del país se ubica precisamente en las provincias de Guayas (4,387,434) y Pichincha (3,228,233).[ix] Por tanto, en números, hay más pobres en estas dos provincias que en el resto del país y por tanto, más población en situación de vulnerabilidad: cerca de 800,000 personas.
Ahora bien, la situación de pobreza por ingresos es sólo una de las dimensiones en la que la desigualdad se expresa, el acceso a la educación, la situación del empleo y el acceso a la seguridad social develan una situación mucho más compleja para miles de personas que afrontan un grave dilema frente a las medidas que se adoptaron para enfrentar la pandemia.
El derecho a la educación
En un estudio previo del Observatorio Social del Ecuador del 2019[x] se alertaba que los porcentajes de pobreza por ingresos se incrementan cuando se consideran tres condiciones de quien ejerce la jefatura del hogar: calidad del empleo, afiliación al IESS y nivel educativo. Cuando la pobreza por ingresos llegaba al 23% de personas, si las o los jefes de hogar estaban subempleados, desocupados o inactivos, ésta subía al 38%. Por el contrario, si tenía empleo pleno, la pobreza bajaba al 4%. Por tanto, la pobreza, entre otros factores, es el resultado de los niveles educativos de la población que directamente impactan en las dificultades para el acceso a empleos seguros: estabilidad, salario mensual y seguridad social.
Bajo esta perspectiva, los niveles de educación de la población de las 9 provincias que se analizan en este artículo demuestran también las desigualdades que enfrentaban previo a la pandemia. El promedio nacional de años de escolaridad es de 10.2 años[xi] –la gran mayoría ha logrado terminar la educación básica y llega a primero de educación media o bachillerato–. Sin embargo, en el área rural el promedio desciende hasta 7.1 años, en comparación con el área urbana que es de 11.5 años de educación.
Gráfico 1. Años de escolaridad en personas de 24 años y más
Fuente: ENEMDU 2018 acumulada (INEC). Elaboración: OSE, 2020.
Las diferencias geográficas saltan a la vista. En Pichincha, el promedio total es de 12 años, sin embargo en el área urbana es 12.5 y en la rural 8.4. Guayas con 10.8 de promedio, tiene las diferencias mayores entre área urbana y rural, 11.4 en lo urbano y 6.6 años de escolaridad en lo rural. Los Ríos tiene el número de años de escolaridad más bajo de las siete provincias que se comparan: 8.9 años –10.2 en lo urbano y 7 en lo rural–. Santa Elena, Esmeraldas y Santo Domingo de los Tsáchilas tienen situaciones similares. Y Manabí muestra el número más bajo de años de escolaridad en el área rural (6.4) de todo el país, sin dejar de anotar que la brecha en estas provincias entre lo rural y lo urbano es significativa –entre 4 y 5 puntos en todas ellas respecto del promedio nacional–.[xii]
El derecho al trabajo
Al comparar esta información con el acceso a empleo adecuado –que muestran las tablas 2 y 3– se encuentran las siguientes coincidencias: mientras que el promedio de empleo adecuado en el país llega al 44%, Los Ríos y Santo Domingo de los Tsáchilas refieren 11 puntos porcentuales menos (33%); en Manabí es del 35% y en Santa Elena el 37%. Por otra parte, en Pichincha –que tiene el mayor promedio de años de escolaridad en su población– tiene el mayor porcentaje de empleo adecuado (60%). Y las provincias de Guayas (49%), El Oro (48%), Azuay (48%) y Santo Domingo de los Tsáchilas (42%) son más cercanas al promedio nacional.
De estos datos, se infiere una exposición de una gran parte de la población que habitan en el Ecuador frente a la pandemia por el porcentaje de personas que no tienen estabilidad, ingresos permanentes y adecuados. La tabla 2 muestra que más de la mitad, el 56% de la población económicamente activa (PEA), está subempleada o no tiene empleo.
Tabla 2. El acceso al empleo adecuado en las provincias con mayor prevalencia de Covid-19
Fuente: ENEMDU 2018 acumulada (INEC). Elaboración: OSE, 2020.
Al mirar esta situación por provincias, se debe llamar la atención sobre los porcentajes de la población económicamente activa con empleo inadecuado y en el desempleo en Esmeraldas (67%); Los Ríos (67%), Manabí (65%) y Santa Elena (63%). Esmeraldas además registra el porcentaje más alto de desempleo (9.2%). Sin embargo, la situación en Santo Domingo de los Tsáchilas (57%), Azuay (52%), El Oro (52%) y Guayas (51%) no es mucho mejor, un poco más de la mitad de su población tiene empleos inadecuados o están en el desempleo. Y en Pichincha, si bien es la provincia con menos pobreza del país, el 40% de su población no tiene empleo adecuado, con una particularidad, el 7.8% de su población esta desempleada.
Así, cuando desde cierto sector de la sociedad se afirma que algunas personas son indisciplinadas o que no hacen caso a las medidas adoptadas por el gobierno para enfrentar a la pandemia, estas cifras explican una de las razones por las que decenas de miles de personas se ven obligadas a salir de sus casas: para trabajar, conseguir ingresos que les permita comer. Se adviete además que esta situación, para finales del 2019, se había deteriorado aún más: la pobreza por ingresos a nivel nacional ascendió al 24% –6 puntos adicionales que el 2018–, es decir, 1 de cada 4 personas enfrentaba pobreza de acuerdo con los ingresos que percibía –menos de USD 84.82 mensuales– antes del brote de la pandemia de Covid-19.[xiii]
Esta situación, que durante el año 2020 se ha agravado por las caídas de los precios del petróleo, de la recaudación tributaria y de las remesas que envían los migrantes como efecto de la pandemia de Covid-19, sumado a las nuevas medidas económicas neoliberales adoptadas para seguir cumpliendo con el ajuste estructural impuesto por el FMI, así como los miles de empleos que ya se han perdido en estos meses, plantean un dilema perverso y complejo para un amplio porcentaje de la población: ¿quedarse en casa sin ingresos o salir a trabajar para sobrevivir?
El derecho a la seguridad social
Esta ya difícil y generalizada situación tiene características aún más complejas que deberá enfrentar el país en los próximos meses y en el futuro mediato. La Tabla 3 devela aún más las desigualdades que la población enfrentaba previo al brote de Covid-19 en Ecuador. De ante mano sabemos que si todas las personas que trabajan tuviesen acceso a la seguridad social, en principio, tendrían una cobertura frente a una contingencia como la que se vive. Sin embargo, a diciembre de 2018, el 58% de las personas de 18 a 64 años que trabajan no tenían acceso a seguridad social de ningún tipo: seguro general, afiliación voluntaria o seguro campesino del IESS; seguro del ISSFA o ISSPOL.
Tabla 3. Acceso a seguridad social de la PEA de 18 a 64 años en las provincias con mayor prevalencia del Covid-19
Fuente: ENEMDU 2018 acumulada (INEC). Elaboración: OSE, 2020.
Las provincias de Santa Elena (68%), Santo Domingo de los Tsáchilas (68%); Los Ríos (66%); Esmeraldas (66%) y El Oro (64%) registran los porcentajes más altos de falta de acceso a la seguridad social. Sin embargo, la situación en Guayas (59%), Azuay (57%) y Manabí (53%) no es mejor, más de la mitad de la población no accede a la seguridad social. Ni siquiera en Pichincha, donde hay menos pobreza, el acceso a la seguridad social es amplio, el 43.3% no tiene ese acceso.
Se infiere entonces que 6 de cada 10 personas en edad económicamente activa a nivel nacional no tenía empleo estable ni accedía a seguridad social antes de la pandemia. ¿Qué está sucediendo en el presente y que podría pasar en los próximos meses? La Organización Internacional del Trabajo y la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) han alertado que en América Latina y el Caribe la crisis de Covid-19 ya ha causado la pérdida de 10.3% de las horas de trabajo, lo que equivale a 31 millones de empleos a tiempo completo.[xiv]
Por su parte el gobierno ecuatoriano en abril de este año estimó que medio millón de personas podrían perder su empleo y otras 230 mil pasar a empleos inadecuados.[xv] Hasta ayer, el IESS había registrado 200,000 desafiliaciones, el 45% en la privincia de Pichincha y otro 25% en la de Guayas.[xvi] En los próximos meses deberá evaluarse el impacto del proyecto de Ley de Apoyo Humanitario que precariza aún más las relaciones laborales, texto aprobado por la Asamblea Nacional en mayo y que recién hace dos días recibió el veto del Presidente.
Vulnerabilidad de la población frente al Covid-19
En este crítico contexto, también es relevante considerar tres aspectos que tienen que ver con la vulnerabilidad de la población que habita en el Ecuador y que le ponen en mayor riesgo de contraer el virus: el acceso al agua dentro de la vivienda, el hacinamiento en el que viven las personas y las enfermedades crónicas previas que les predisponen –si no están adecuadamente tratadas– al agravamiento y riesgo de muerte de quienes se contagian de Covid-19.
La falta de acceso al agua y el impacto en las mujeres
Sobre el primer aspecto, la OMS advierte que una de las medidas fundamentales para la prevención de la transmisión del Covid-19 es el lavado de manos constante con agua y jabón. Pese a la aparente simplicidad de la medida, el acceso al agua implica un problema emergente en el caso de las 9 provincias analizadas, que como se dijo, acumulan más del 88% de los casos confirmados del virus.
En el país, 2 de cada 10 hogares no tienen acceso al agua por tubería dentro de la vivienda, es decir, el 20% de la población es más vulnerable al contagio del Covid-19 al no tener el líquido vital dentro de su vivienda. Este porcentaje se divide en un 11% que puede acceder al agua fuera de la vivienda pero en el mismo lote donde ésta se encuentra, lo cual implica un riesgo de contagio y un 9% que no recibe agua por tubería sino por otros medios. Dos alertas adicionales: son las mujeres, sobre todo, las encargadas de buscar el agua, y por tanto, salir con un balde a procurarla. Y dentro de este grupo ¿cuántas niñas son las encargadas de esta tarea?[xvii] Recordemos que en Ecuador de cada 100 horas de trabajo no remunerado del hogar –incluido el trabajo de cuidado y alimentación– 77 horas las realizan las mujeres de todas las edades.[xviii]
Tabla 4. Acceso al agua en las provincias con mayor prevalencia de Covid-19
Fuente: ENEMDU 2018 acumulada (INEC). Elaboración: OSE, 2020.
Al mirar la siuación privincial, Esmeraldas, nuevamente destaca por sus bajas coberturas, esta vez en el acceso al agua dentro de la vivienda que llega al 63% de su población. Es decir, 4 de cada 10 hogares no reciben agua dentro de ésta, porcentaje que se divide en el 25.3% que no recibe agua por tubería y el 11% la recibe fuera de la vivienda pero dentro de su lote. Le siguen las provincias de Manabí, Los Ríos y Santo Domingo de los Tsáchilas cuyas coberturas de acceso a agua por tubería dentro de la vivienda se ubican entre el 66% y el 75% –pero se destaca que 2 de cada 10 hogares en Manabí y Los Ríos no reciben agua por tubería, más que el doble del promedio nacional. Luego está Guayas donde el 15% de su población tampoco cuenta con agua dentro de su vivienda, con la gravedad de que 1 de cada 10 hogares en esa provincia no recibe agua por tubería y debe procurársela por otros medios.
Por otra parte, las provincias de El Oro y Azuay refieren que el 88% de su población reciben agua por tubería dentro de su vivienda mientras que el 11% y el 9% respectivamente reciben agua por tubería fuera de la vivienda pero dentro del lote. Pichincha destaca favorablemente en este indicador, puesto que el 96% de su población tiene agua por tubería en sus hogares y el 3% restante en el propio lote donde está su vivienda.
El garantizar el derecho al agua de la población es competencia de los gobiernos autónomos descentralizados para dotar de servicios a sus habitantes y están relacionados directamente no solo con la pandemia que hoy se enfrenta sino también con el control de diversas enfermedades, entre ellas, las infecciones diarreicas agudas que impactan sobre todo a las niñas y niños y que son uno de los factores que inciden en la desnutrición infantil.
El hacinamiento es ideal para el contagio del virus
Un segundo aspecto que aumenta la vulnerabilidad frente al Covid-19 es el hacinamiento, situación que alerta del impacto que tendrá la pandemia en los siguientes meses. El INEC lo define como el compartir –dormir– más de tres personas en una habitación sin ventilación y donde en ella también se cocina.
Tabla 5. Hacinamiento en las viviendas de la población de 18 a 64 años de las provincias con mayor prevalencia del Covid-19
Fuente: ENEMDU 2018 acumulada (INEC). Elaboración: OSE, 2020.
El 11% de la población a nivel nacional vive en situación de hacinamiento. Cifra que se duplica en Santa Elena hasta el 21%; en Esmeraldas alcanza el 17%; en Los Ríos el 16%; en Guayas el 15% y el 13% en Manabí, todas ellas sobre el promedio nacional. En el Oro el 11% de la población vive hacinada y en Santo Domingo de los Tsáchilas el 8%. Mientras que en Azuay y en Pichincha el hacinamiento desciende al 6% y al 4% respectivamente, por debajo del promedio nacional. Estos porcentajes tienen relación directa con los de pobreza por ingresos antes referidos y deben analizarse en relación con la población de cada una de las provincias.
Para una pandemia provocada por un virus como el Covid-19, el hacinamiento constituye un factor ideal para su propagación. Adcionalmente, los espacios estrechos dificultan el cuidado de pacientes infectados con el virus por el riesgo que representa para las personas a cargo de su cuidado.[xix] Y, si a ello se agrega las altas temperaturas ambientales en varias zonas del país, las cuáles obligan a salir de ese espacio, se explica en parte, por qué no se puede atender las disposiciones de encierro obligatorio que la normativa sanitaria ha determinado en el país.
El riesgo es mayor en personas con enfermedades crónicas
El tercer aspecto que genera mayor vulnerabilidad y riesgo de muerte tiene que ver con el porcentaje de personas con enfermedades subyacentes. La OMS ha definido que varias enfermedades pre-existentes aumentan el riesgo de muerte en caso de contraer la enfermedad de Covid-19: hipertensión arterial, enfermedad cardíaca, neumonía y gripe, cáncer, diabetes y obesidad.[xx]
A 2018 el 11% de los egresos hospitalarios del país fueron por estas enfermedades crónicas. Además, en la Tabla 6 se pueden observar, para las nueve provincias con mayor prevalencia del virus, el número de egresos hospitalarios registrados a finales de 2018 por el INEC para estas enfermedades y que provocaron su hospitalización.
Tabla 6. Causas de egreso hospitalario de la población en las provincias con mayor prevalencia del Covid-19
Fuente: ENEMDU 2018 acumulada (INEC). Elaboración: OSE, 2020.
En números esta cifra afectó a 133,186 pacientes. Es relevante llamar la atención que la dolencia con el mayor número de casos acumulados en las 9 provincias fue precisamente la neumonía y la gripe (45,975) lo que equivale al 34,5% de las 6 causas de enfermedad previas que directamente se relacionan con el riesgo de muerte que provoca el Covid- 19. La segunda causa con mayor cantidad de casos acumulada es el cáncer con 42,125 y con los cuatro registros más altos en las provincias de Pichincha, Guayas, Manabí y Azuay.
Es explicable que en las ciudades más pobladas y con mayor conexión internacional –Guayaquil es puerto marítimo y aéreo internacional y actualmente el segundo cantón más poblado del país y el Distrito Metropolitano de Quito es puerto aéreo internacional y el cantón más poblado– acumulen la mayor cantidad de casos de Covid-19, sin embargo, las medidas de prevención que se debieron implementar por parte del Ministerio de Salud Pública en febrero, cuando ya había sospecha de que el virus podía haber llegado a Ecuador, debieron tomar en cuenta el perfil de salud de la población en todas las provincias para determinar el incremento en el riesgo de agravamiento y de muerte de pacientes con Covid-19. En Guayas, provincia donde a la fecha ha sucedido el brote más grave de Covid-19, las cifras señalan que, adicional a la gripe, a la neumonía y el cáncer (13,814 personas), un total de 10,976 personas eran pacientes ingresados en hospitales por hipertensión, alguna enfermedad cardiaca, obesidad y diabetes.
Priorizar el cuidado de la salud y la vida digna de la población
En suma, este análisis de datos sobre el ejercicio de varios derechos económicos, sociales y culturales (DESC) devela las múltiples desigualdades que enfrentaba la población de las nueve provincias antes del brote de Covid-19 en Ecuador. Por una parte, la situación de pobreza, bajos niveles educativos, falta de empleo adecuado y de acceso a la seguridad social han puesto en riesgo a un amplio sector de la población que habita en el Ecuador (alrededor del 60%) ante la imposibilidad de quedarse en casa y tener que salir a trabajar, aumentado su exposición al virus. Y por otra parte, las condiciones de acceso al agua, hacinamiento y de enfermedades subyacentes provocaron un perfil de mayor vulnerabilidad tanto para su propagación como para el agravamiento y riesgo de muerte de pacientes con Covid-19. No son los únicos factores pero, sin duda, intervienen de manera importante para explicar los senderos de la desigualdad que esta pandemia sigue recorriendo.
Pese a esto, los factores causales que ponen en riesgo a la gran mayoría de la población no están siendo atendidos: no se han adoptado políticas adecuadas para proteger el empleo, todo lo contrario lo han precarizado. Tampoco se han adoptado medidas adecuadas y focalizadas para la prevención de la salud que tenga en cuenta las desigualdades que se han presentado en este artículo y que exponen y aumentan la exposición y vulnerabilidad de las personas. El Estado ni siquiera desagrega y publica información por género, identificación étnica, edades o condición socio-económica a nivel urbano y rural, desde el nivel nacional hasta el parroquial que permita determinar a quienes está impactando de manera desproporcionada la pandemia, para saber a quienes dirigir de manera prioritaria la política pública.[xxi]
En ese contexto, en la última semana se han emitido alertas, sobre un posible rebrote de la pandemia en distintas zonas, tal como refieren algunos investigadores del país, entre ellos Javier Rodríguez e Iván Dueñas,[xxii] así como el director de la OMS, quien el 9 de junio señaló que el inicio de la circulación de las personas, el permitir reuniones sociales, lo que él llama “la complacencia” porque aparentemente se controló al virus, puede llevar a disminuir la vigilancia activa de los casos, las medidas preventivas y las acciones para que el virus –que no se ha ido– continúe propagándose.
El continuo crecimiento de la desigualdad en Ecuador es evidente y a tres meses del brote de Covid-19 la situación se ha agravado no sólo por los efectos de la pandemia sino y especialmente por las decisiones políticas –deficiencias, contradicciones y omisiones incluidas– que el gobierno actual ha adoptado. Urge que la politica pública de salud se construya de manera participativa con todos los actores organizados de la sociedad civil, junto con los gobiernos autónomos de los cantones y provincias, no puede seguir sosteniéndose en medidas decididas exclusivamente por el gobierno central.
Las organizaciones sociales son las que están más cercanas a la situación real de la gente, con su liderazgo, medidas de carácter colectivo se pueden construir y, así mismo, también demandar al Gobierno Central por el cumplimiento de sus obligaciones. Que se priorice la vida digna de las personas y su cuidado –los derechos económicos, sociales y culturales–, no los intereses de los grupos económicos que más ganan. Es necesario que se construya información veraz y transparente en el nivel local y nacional, que aumente el testeo de casos de Covid-19, que bajen drásticamente el número de pruebas sin resultado, que se prevengan más casos y por lo tanto más muertes.[xxiii]
Sobre todo esto, solo un giro en la política económica del país permitiría pensar alternativas que permitan disminuir, donde sea necesario, la exposición al virus, en especial de aquellos hogares más expuestos y vulnerables a sus peores efectos y, por otra parte, aplicar medidas distintas en aquellas localidades donde se registran pocos o ningún caso de Covid-19 y no representan un riesgo inminente en relación con su población. El Estado debe priorizar la salud integral y la vida de estas familias trabajadoras que sostienen fundamentalmente la economía.
Para citar este artículo: Margarita Velasco, Jesus Tapia y Francisco Hurtado. 2020. El Covid-19 recorre las desigualdades del Ecuador ¿sobrevivir o quedarse en casa?. Quito: Observatorio Social del Ecuador y FES-Ildis. Disponible en: https://www.covid19ecuador.org/analisis
NOTAS AL FINAL: [i] Frank M. Snowden. 2019. Epidemics and Society. From the Black Death to the Present. Estados Unidos: Yale University Press. [ii] Entrevista a Camara Phyllis Jones, expresidenta de la Asociación Estadounidense de Salud Pública en Democracy Now. Encontrado en: https://www.democracynow.org/es/2020/4/9/camara_phyllis_jones_coronavirus_race_disparities. [iii] CAF, Banco de Desarrollo de América Latina. Covid-19: Todos con los más vulnerables 20-30 abril 2020. Encontrado en: https://www.caf.com/es/actualidad/convocatorias/2020/04/covid-19-todos-con-los-mas-vulnerables/. [iv] Al 30 de abril sólo 5 provincias (Guayas con el 63,6%, Pichincha con el 8,7% y le seguían Los Ríos, Manabí, El Oro y Azuay). Información disponible en: https://www.covid19ecuador.org/provincias. [v] A la fecha de este artículo no se habían publicado aún las cifras de ENEMDU acumulada de 2019. Se analizan las cifras de la Encuesta Nacional de Empleo, Subempleo y Desempleo (ENEMDU) acumulada del año 2018 porque permite realizar las desagregaciones provinciales que se presentan. (Integra los dos levantamientos que se realizan en el año por parte del INEC). [vi] Se toma este trecho de población como la PEA de adultos, excluyendo de ella a los adultos mayores, es decir a las personas de 65 años y más. [vii] INEC, 2019. Ecuador en Cifras. Encontrado en: https://www.ecuadorencifras.gob.ec/documentos/web-inec/POBREZA/2018/Diciembre-2018/Boletin%20tecnico%20de%20pobreza%20diciembre%202018.pdf [viii] Se incluyen 8,956 pruebas rápidas con confirmación de Covid-19 en estos datos. [ix] INEC: proyecciones de población en base al Censo del 2010. [x] OSE, et al. 2019. Situación de la niñez y adolescencia en Ecuador. Una mirada a través de los ODS [xi] En el Ecuador el sistema educativo obligatorio del primer nivel está compuesto por: diez años de educación básica y tres de educación media luego del cual se obtiene el Título de Bachiller. [xii] Se debe tener en cuenta que con la adopción de la modalidad virtual basada principalmente en el internet como una de las medidas para enfrentar la pandemia aumentará esta brecha. https://www.covid19ecuador.org/post/educacion-covid. [xiii] En la zona rural fue del 42%. La pobreza extrema ascendió a 9%. ENEMDU diciembre 2019. https://www.ecuadorencifras.gob.ec/pobreza-diciembre-2019/. [xiv] OIT, 2020. Vinicius Carvalho Pinheiro, director de la OIT para América Latina y el Caribe. 29 de mayo del 2020. ‘Países van a requerir medidas ambiciosas para salvar empleos’. Encontrado en: https://www.eluniverso.com/noticias/2020/05/29/nota/7855050/paises-van-requerir-medidas-ambiciosas-salvar-empleos. [xv] “La emergencia por el covid-19 pone en riesgo 508000 empleos”. El Comercio, 17 de abril de 2020. Encontrado en: https://www.elcomercio.com/actualidad/emergencia-covid19-riesgo-ecuador.html. [xvi] 200,000 desafiliaciones al IESS se registran en Ecuador, 45% se dieron en Pichincha. El Universo, 10 de junio de 2020. Encontrado en: https://www.eluniverso.com/noticias/2020/06/09/nota/7867125/desafiliaciones-afiliaciones-desempleo-iess-ecuador. [xvii] “En muchas comunidades, las niñas no van a la escuela porque deben ir a buscar agua. Algunas investigaciones revelan que en 45 países en desarrollo, en 7 de cada 10 hogares, la carga de ir a buscar agua recae sobre las mujeres y las niñas”. UNICEF, S/F. WASH. Encontrado en: https://www.unicef.org/spanish/wash/index_43106.html. [xviii] Cuentas Satélite del Trabajo no Remunerado de los Hogares (CSTNRH) 2016-2017. Ecuador en Cifras. Encontrado en: https://www.ecuadorencifras.gob.ec/cuenta-satelite-del-trabajo-no-remunerado/. [xix] ¿Cómo se propaga el CORONAVIRUS? CDC, 07 de mayo, 2020. Centro Nacional de Vacunación y Enfermedades Respiratorias (NCIRD), División de Enfermedades Virales. Encontrado en: https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/how-covid-spreads.html. [xx] Riesgo de muerte para personas de todas las edades que se infectan con el COVID-19 si tienen alguna de esas afecciones subyacentes, en especial si no están bien controladas. Encontrado en: https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/need-extra-precautions/groups-at-higher-risk.html. [xxi] Al respecto se puede revisar el artículo anterior publicado por el OSE respecto al acceso a la información pública: https://www.covid19ecuador.org/post/información-pandemia . [xxii] ¿Cuáles son los territorios más afectados por la pandemia?. Encontrado en: http://thevozz.com/cuales-son-los-territorios-mas-afectados-por-la-pandemia/. [xxiii] Se puede revisar la presentación de Andrea Gómez Ayora en: https://youtu.be/cmFv7q8YpeE presentada en el panel “Los datos en tiempos de Covid-19”, organizado por la Universidad de Talca, Chile.